Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Salud del Senado.
La gestión pendiente invocada incide en autos sobre reclamo de ilegalidad ante la Corte de Santiago.
La decisión fue acordada con la prevención de la Ministra Sandoval.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Emergencias, Desastres y Bomberos de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en autos sobre apelación de protección, de que conoce la Corte Suprema.
El máximo Tribunal condenó al banco por vulnerar el principio de buena fe contractual.
El texto propuesto establece que el registro debe considerar la identidad del infractor, la infracción o delito por el cual este último fue condenado y la pena o sanción asignada.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional y dejó sin efecto los decretos de expulsión, dictados durante el primer semestre del año, por falta de fundamentos, y la orden de no innovar decretada.
El Tribunal de alzada rechazó los recursos de apelación deducidos en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el 16 de agosto recién pasado.
El Tribunal de alzada confirma la sentencia apelada, con declaración que se eleva la cuantía de la suma indemnizatoria a $100.000.000 para el menor y a $20.000.000 para la madre.
