La instancia continuó este lunes con las audiencias y escuchó las opiniones de dos ONG’s que respaldaron la iniciativa y de los representantes de las compañías de seguros que advirtieron de una baja en las pensiones si se aprueba el proyecto.
El máximo Tribunal mantuvo la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó la de primer grado que acogió excepción de falta de legitimación activa de la demandante.
El Tribunal de alzada desestimó una errada aplicación del derecho en la sentencia apelada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de La Serena.
El Tribunal de alzada ratificó la resolución impugnada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
«Existe peligro de fuga ya que si quedase en libertad podría intentar sustraerse de la acción de la justicia y tal como expuso el Ministerio Público, incluso pueden existir problemas en cuanto altere o intente alterar la investigación o influir en ella, toda vez que existen dos promesas de compraventa falsificadas que fueron presentadas por él mismo para justificar algunas de las actuaciones mencionadas”, razonó la magistrada
La ley tiene por finalidad reconocer, proteger y regular, sin discriminación alguna, el derecho de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave a una adecuada atención de salud.
Un problema básico es la «falacia ecológica», también conocida como “falacia de ambigüedad por división”, una mala interpretación de los datos estadísticos que se produce cuando los datos recopilados sobre un grupo se aplican para que el sistema pueda predecir el comportamiento de un individuo concreto: lo que comúnmente conocemos como estereotipos y que afectan a la raza, religión, clase, etc.
Las empresas requirentes estiman que el precepto legal impugnado, vulnera gravemente el debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica.
El recurrido sostuvo que el funcionamiento del local perturba el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Los cargos fueron analizados y debidamente fundamentados por la Superintendencia de Educación, por cuanto se comprobó y ratificó que el reclamante no cumplió a cabalidad con la normativa educacional.
