El máximo Tribunal revocó la sentencia impugnada, tras descartar actuar arbitrario de las autoridades recurridas.
Hemos tenido ocasión de escuchar, con cierta insistencia, y desde ciertos sectores, la idea de que es necesario «educar» a la magistratura a fin de que en la redacción de sus sentencias tengan en cuenta la «perspectiva de género».
La polémica se desató en toda Europa entre los que se manifiestan a favor de suprimirlo y los que están en contra de su abolición.
Las familias de cuatro muchachos contaron a Amnistía Internacional que sus hijos habían sido agredidos sexualmente en una serie de incidentes registrados en los últimos ocho meses.
El máximo Tribunal estableció que los recurridos incurrieron en falta o abuso grave al anular de oficio la sentencia que decretó la absolución del acusado, resolviendo más allá de lo solicitado por el Ministerio Público.
En la resolución, el ministro Aldana encausó al oficial en retiro de Carabineros Patricio Jeldres Rodríguez, en calidad de autor del delito y ordenó su ingreso como procesado al penal Punta Peuco.
Además, se contemplan otras cuatro iniciativas: una en el ámbito de la educación, otra en el de acuicultura, una tercera para definir la obligación de denuncia de delitos para las autoridades religiosas y un acuerdo internacional.
Ello por la contaminación ambiental generada por empresas y el escaso control del Estado.
El órgano contralor precisó que los Tribunales Tributarios y Aduaneros son órganos jurisdiccionales que, si bien no forman parte del Poder Judicial, tampoco integran la Administración del Estado.
No se observa que exista una verdadera afectación a la libertad sindical, pues no existen mayores indicios de actividad sindical de la organización interempresa que motiva el fuero del actor.
