Si el trabajador sabe de la existencia del sistema de video vigilancia, el empleador no está obligado especificar la finalidad exacta asignada a ese control.
La dignidad humana protege al sujeto que se encuentra en circunstancias de salud que le producen intensos sufrimientos de la degradación física o moral, o de una exposición prolongada e indefinida a una condición de salud que considera cruel, dada la intensidad del dolor y el sufrimiento.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una protección especial que debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial.
Si bien el procedimiento se extendió por un plazo superior al establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, ello se debió al número y complejidad de las gestiones realizadas por el administrado.
Los hechos que motivan una solicitud de medidas de cautelares no requieren estar plenamente comprobados, sino que la información proporcionada debe ser apreciada desde un estándar prima facie.
La información personal que se comparte por estos medios puede ser obtenida por delincuentes, lo que se torna aun más grave respecto a los menores de edad, quienes corren riesgo de caer en redes de delincuencia organizada, tráfico de personas, prostitución, pornografía infantil u otros delitos.
Los demandantes fueron condenados por los tribunales de Moldovia a retractarse públicamente, y a admitir que el artículo publicado entregaba información falsa.
Chile es uno de los escasos países que no tiene la figura del Ombudsman o Defensoría del Pueblo, la cual está destinada a la protección y promoción de los derechos de las personas, ante la mala administración de los servicios del estado y los organismos privados que actúan en su prestación.
En la audiencia de formalización, la magistrada ordenó el ingreso de Yustin Selpa, Batista Arellano, Portillo Barrios y Peñaloza Vargas al Complejo Penitenciario de Acha, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y peligro de fuga.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada y condenó a la empresa demandada al pago de $6.080.000 por concepto de daño emergente y confirmó la multa de 250 UTM a beneficio fiscal dictada por el 2° Juzgado de Policía Local de San Bernardo.
