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Recurso de protección rechazado.

Cobro extrajudicial de deudas mediante correo electrónico no es ilegal si respeta los límites dispuestos en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

Su artículo 37 establece que la cobranza extrajudicial no puede considerar el envío de documentos que aparenten ser escritos judiciales; comunicaciones a terceros ajenos a la obligación cobrada; visitas o llamados telefónicos a la morada del deudor durante días y horas que no sean hábiles; y demás conductas que afecten la privacidad de las personas.

20 de septiembre de 2022
Recurso de protección rechazado.

Se ajustó a derecho lo resuelto por el CPLT de revocar una decisión previa que acogía parcialmente un amparo de acceso a información rechazándolo en definitiva, puesto que se encuentra facultado para ello por la Ley de Procedimiento Administrativo.

La Corte estableció que la acción constitucional de protección no era la vía idónea para resolver la controversia, ya que el ordenamiento contempla un reclamo especial de ilegalidad en contra de los actos emanados del CPLT.

20 de septiembre de 2022
Recurso de casación en la forma rechazado.

No incurre en un vicio formal la sentencia definitiva si no se hace cargo de las excepciones, alegaciones o defensas del demandado cuando estas fueron presentadas fuera de plazo.

El principio de la transcendencia establece que, para que el recurso de casación sea procedente, el perjuicio que se alega debe fundarse en un vicio sólo subsanable por esa vía de nulidad extraordinaria, lo que no se cumple si se presentó una apelación bajo los mismos fundamentos.

20 de septiembre de 2022
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Revocación formal de estatus de refugiado no permite la deportación del sujeto, pues se requiere una evaluación adicional de los riesgos que eventualmente enfrentará en su país de origen.

Las autoridades francesas al emitir y posteriormente revisar la orden de expulsión, no tuvieron en cuenta el hecho de que la condición de refugiado no se pierde sólo por retirar el reconocimiento formal de este estatus. Además, el Estado no evaluó los riesgos a los que se enfrentaría el refugiado si se ejecutara la orden de expulsión.

20 de septiembre de 2022
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