El Vertedero Gorbea (unidad fiscalizable) inició su operación alrededor del año 1995, siendo utilizado en sus inicios con una modalidad de acopio de residuos sólidos domiciliarios en zanjas, las que se fueron cubriendo desde la parte anterior hasta el actual acceso del proyecto.

El Tribunal de alzada acogió con costas la acción cautelar, tras establecer el actuar ilegal y arbitrario del centro asistencial.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, con declaración que los miembros del Ejército en retiro Eduardo Adolfo Arriagada Rheren, Sergio Rosende Ollarzú, Joaquín Larraín Gana y Jaime Fuenzalida Bravo quedan condenados a 15 años y un día de presidio, en calidad de autores de los homicidios calificados y consumados.

El Tribunal de alzada ratificó en todas sus partes el fallo del Undécimo Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda por el retraso y suspensión de vuelos nacionales e internacionales de la aerolínea entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, y le ordenó pagar indemnizaciones a los clientes afectados y una multa de 300 UTM.

El Tribunal estableció que la empresa no justificó la causal invocada para despedir al jefe de proyecto internet del centro asistencial privado.

El máximo Tribunal estableció la responsabilidad del Estado por el actuar deficiente y pasivo que tuvo el ente persecutor durante el plazo de investigación; la excesiva demora en la entrega del examen de ADN que resultó exculpatorio, y al solicitar audiencia para revocar la prisión preventiva, una vez que tuvo el informe en su poder.

El fallo enuncia dos cuestiones sobre la función de las convenciones de DDHH. En primer lugar, sobre el efecto derogatorio de estos respecto de la legislación interna. En segundo lugar, el planteamiento sobre la colisión de contenidos convencionales entre el Convenio N° 169 de la OIT y la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

La sentencia concluye que las resoluciones del SEA se ajustaron a derecho al declarar inadmisible la reclamación administrativa, ya que la ley exige expresamente que lo que se puede impugnar es “el acto que realice la revisión”, lo que no ocurrió en la especie.

El Tribunal señaló que las garantías derivadas del derecho a un justo y racional procedimiento, se aplican no sólo al individuo frente a los tribunales, sino que también a las personas ante los órganos administrativos.

El demandado no rindió pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de su responsabilidad civil extracontractual a causa de los daños provocados.