La institución había manifestado que pagó las diferencias al afectado, considerando los seis meses anteriores a la total tramitación de la resolución que lo asciende, por entender que el resto de los emolumentos se encontraba prescrito.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de expresión y derecho de asociación.
La recurrente consideró vulnerado su derecho a la propiedad y a la igualdad ante la ley.
La sentencia fue acordada con el voto en contra de los Ministros Valderrama y Dahm.
Asimismo, el Tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo realizada por los defensores de M.A.P.C., y a la que se opuso el fiscal.
La decisión fue acordada por unanimidad en la misma semana en que se dio a conocer el escándalo de corrupción que afecta a varios Ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la acción deducida por ejecutiva que ingresó a la compañía en 1999 en Buenos Aires y que debió trasladarse a Santiago, en 2012, tras el cierre de sucursales en el resto de la región.
El Tribunal de alzada rechazó la acción judicial intentada por Sabat Acleh, tras determinar que la ley establece que este tipo de reclamación sea resuelto por los órganos de control partidistas o el Servel.
El Tribunal acogió la acción de tutela laboral, tras establecer la vulneración de derechos fundamentales, condenando al demandado pagar una indemnización total de $31.354.841 por prestaciones adeudadas.
El Tribunal de alzada confirmó la multa aplicada por la autoridad al exdirector por uso de información privilegiada, tras establecer que el ordenamiento jurídico chileno permite sanciones conjuntas a quienes infringen la normativa del mercado de valores.
