El Senado despachó en enero pasado la iniciativa que incluyó normas para agilizar su proceso de implementación.
El Tribunal de alzada estableció que si bien las consideraciones económicas constituyen un factor a tener presente por la autoridad pública al adoptar una decisión, no debieran invocarse cuando está comprometido el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de un paciente.
confirmó en todas las sus partes la resolución impugnada, dictada por el 26° Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda.
El Tribunal de alzada confirmó la sanción aplicada a la proveedora privada de servicios de televisión por cable e internet por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La norma impugnada no permite a la requirente participar en un concurso para llenar un cargo de empleado judicial, vulnerando la obligación estatal de asegurar la igualdad de oportunidades.
Sostiene que las políticas públicas impartidas por el Ministerio de Educación amenazan, perturban y ponen en riesgo las garantías constitucionales de estudiantes y profesores de la comuna de Valparaíso.
Considera que no hubo negligencia de las demandadas, porque “los thumbnails, o copias de imágenes en miniatura, cumplen una función de mero enlace a contenidos que no fueron creados por los buscadores”.
Los requirentes habrían promovido y perdido dos incidentes en el mismo juicio.
Las confesiones que se refieren a Lula carecen de validez porque el proceso en que estas se obtuvieron fue instruido por el ex juez Sergio Moro, cuyas decisiones contra el expresidente fueron anuladas debido a su falta de imparcialidad.
La norma objetada carece de parámetros que permitan determinar cuándo se está ante el incremento patrimonial “relevante” e “injustificado” al que se refiere, y prescinde además en términos absolutos de la descripción de conductas concretas.
