Recurrente estimó vulnerado su derecho a ejercer actividades económicas y derecho de propiedad.
Los delitos informáticos se ha disparado desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.
El imputado había sido condenado en primera instancia a la pena de doce años de prisión, por considerarlo organizador de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de almacenamiento agravado.
La gestión pendiente incide en causa de Derechos Humanos, seguida ante el Ministro en Visita Álvaro Mesa Latorre, de la Corte de Apelaciones de Temuco.
La recurrente estimó que se vulneró su garantía del artículo 19 de la Constitución numerales 2, 23 y 26.
Esto, a propósito de petición de Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo A.G., quienes solicitan un pronunciamiento respecto a la legalidad del permiso otorgado por la CONAF.
Corte de Concepción señaló que comportamiento del recurrente buscaba reabrir una discusión que fue zanjada con anterioridad.
Corte de Valparaíso que señaló en atención al deber de servicialidad del Estado en sus prestaciones de salud, debe contar con funcionarios con salud compatible a sus cargos.
Argumenta, tras una evaluación de las consecuencias de la medida, que los peligros para «la salud y la vida» de levantar las restricciones no afectarían tan sólo a las personas que participasen voluntariamente en los servicios religiosos, sino, por la vía del contagio, a un «notablemente mayor círculo de personas».
Cobra singular importancia en la emergencia actual para examinar en qué medida los tribunales de superiores ajustan sus decisiones al orden constitucional.
