La sentencia concluye que las resoluciones del SEA se ajustaron a derecho al declarar inadmisible la reclamación administrativa, ya que la ley exige expresamente que lo que se puede impugnar es “el acto que realice la revisión”, lo que no ocurrió en la especie.

El Tribunal señaló que las garantías derivadas del derecho a un justo y racional procedimiento, se aplican no sólo al individuo frente a los tribunales, sino que también a las personas ante los órganos administrativos.

El demandado no rindió pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de su responsabilidad civil extracontractual a causa de los daños provocados.

Si bien el actor dedujo la demanda de despido injustificado de manera subsidiaria, el tribunal accedió igualmente a dicha pretensión.

La Segunda Sala señala que ha logrado formarse la convicción de que concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 6, del artículo 84 de la LOCTC, adoleciendo el requerimiento de falta de fundamento plausible.

Tipifica como delito el acoso sexual continuo o habitual en el ámbito laboral o educacional.

Según la denuncia, el homicidio del embajador fue planeado por su esposa con el policía acusado, quien era su amante.

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana aduce que los jueces son titulares como cualquier otro ciudadano del derecho fundamental a expresar y difundir libremente las ideas y pensamientos por cualquier medio de difusión que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

El Juzgado de lo Social número 1 de Cáceres condenó, además, a indemnizar a la trabajadora por vulneración de derecho fundamental con la suma de 6.250 euros.

El recurrente arguye que no corresponde la impugnación deducida, dado que la resolución es inapelable, en tanto la naturaleza de ésta es la de un decreto, providencia o proveído.