Establecimiento debió acompañar su Reglamento de Convivencia Escolar, toda vez que fundamenta la cancelación de matrícula en las faltas sancionadas con tal medida en ese instrumento.
El Tribunal de alzada desestimó la procedencia de la acción al no ser el recurso de protección la vía idónea para reclamar por el supuesto incumplimiento de las obligaciones convenidas entre las partes.
La víctima podrá intentar ante el Tribunal de Familia que haya conocido del proceso, las acciones civiles dirigidas a perseguir la reparación de los efectos patrimoniales derivados de los actos de violencia intrafamiliar, incluido el daño moral.
El acusado fue sorprendido por las cámaras de vigilancia del sector manipulando una pistola en la vía pública, y al avistar la presencia de Carabineros arrojó el arma a un inmueble, al cual, la policía ingresó inicialmente sin autorización del dueño al estar en presencia de un delito flagrante.
La requirente estima que la limitación a su derecho al recurso produce diversos efectos inconstitucionales.
El requirente estima que las normas objetadas, aplicadas al caso concreto, resultan contrarias a su garantía a un debido proceso y propiedad privada.
La naturaleza de los ilícitos por los cuales se ha formalizado la investigación, en especial la calidad de civiles de las víctimas, conducen a establecer que debe aplicarse el régimen cautelar ordinario, previsto en el artículo 150 del Código Procesal Penal y no el excepcional que pretenden los recurrentes, refiere el voto en contra.
El sumario administrativo puede sancionar o absolver al funcionario, por lo que la inhabilitación sería una sanción previa que vulnera sus derechos.
El pronunciamiento se dio tras el anuncio de la Corte de que estudiaría una solicitud para declarar legal el matrimonio igualitario. El gobierno puso énfasis en la necesidad de que la Corte rechace la petición, para así salvaguardar las tradiciones culturales y religiosas del país, dado que el legislador ha señalado expresamente que el matrimonio solo puede celebrarse entre personas de distinto sexo.
El requirente alega que la disposición le impide arbitrariamente ejercer sus derechos constitucionales respecto de los terrenos afectos.
