El proyecto viene a corregir una omisión en una ley anterior, que no consideró la necesidad de volver a revisar los registros testimoniales de menores de edad víctimas de delitos sexuales para efectos periciales o para formación de personal especializado.
La iniciativa reconoce y otorga la titularidad a los docentes que tienen horas de contrata como complemento a las que, en la misma dotación, tienen asignadas como titulares.
La instancia recibió a la directora del Servicio Nacional de Menores, quien entregó respuestas sobre los casos de jóvenes que, según el documento, fueron internados en unidades psiquiátricas sin presentar patologías mentales y solo para control conductual.
La Audiencia señala que la joven «se encuentra en la etapa final de formación y deber responsabilizarse de su propio mantenimiento».
La recurrente estimó vulnerada sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, integridad física y psíquica y su derecho de propiedad.
El recurrente estimó vulnerada su garantía a la propiedad y el derecho a igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición de las demás cargas públicas.
Se interpretaron las normas legales tal como lo prescribe el principio pro operario, esto es, aplicando a este caso en concreto la norma de prescripción de la normativa especial de los accidentes del trabajo.
La reforma planteada en esta iniciativa esgrime modificaciones al artículo 78 de la Constitución, pretendiendo establecer e implementar un concurso público de antecedentes.
El Tribunal estimó que no existe antecedente alguno en el proceso, ni siquiera en la categoría de indicio, de supuesto, de sospecha, de probabilidad, de algún tipo de afectación a derechos fundamentales de la actora.
La recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad.
