El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la isapre recurrida al denegar la cobertura del dispositivo para tratar la distonía generaliza secundaria, que afecta a niña de 4 años.
El Tribunal acogió la demanda presentada, tras establecer que no se encuentran suficientemente acreditados los hechos esgrimidos por el empleador para desvincular al conserje.
La principal novedad de esta normativa reside en que ahora el Ejecutivo no necesitará autorización judicial para proceder al corte de redes y comunicaciones, como necesitaba hasta ahora para, por ejemplo, cerrar páginas web en caso de que existiesen indicios de la comisión de un ilícito penal.
«Las decisiones que condujeron parcialmente a la inadmisión de los recursos de amparo por no agotar las vías judiciales disponibles privaron a los demandantes del derecho de acceso a un tribunal», afirma el fallo del Tribunal Europeo.
El recurrente sostuvo que se vulneró su derecho a la propiedad.
La sentencia apelada fue acordada con el voto en contra de los Ministros Künsemüller y Valderrama.
La Corte de Apelaciones de Santiago declaró que los hechos descritos no constituyeron vulneración a las garantías amparadas por la acción de protección.
El Tribunal estableció la responsabilidad de las demandadas por infringir el reglamento de copropietarios al transportar indebidamente el electrodoméstico.
La instancia recibió las exposiciones de representantes del Instituto de Derechos Humanos (INDH), del presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico y de la Defensora de la Niñez.
La propuesta había sido modificada ampliamente en la Comisión de Trabajo, donde se elevó el tope del monto de la remuneración bruta mensual, de 370 mil a 550 mil 336 pesos, que deberá tener el trabajador para recibir el subsidio fiscal. Se proyecta que esta iniciativa sea vista por la Sala el próximo miércoles.
