El Tribunal de alzada condenó a la entidad bancaria a pagar las prestaciones adeudadas a la trabajadora y reintegrar al fondo de cesantía los montos descontados.
El mundo en que vivimos sufre un proceso creciente de saturación tecnológica que lo transforma en todas dimensiones, respetando solamente las leyes naturales que lo rigen.
El Tribunal acogió parcialmente el reclamo interpuesto por la fundación educacional en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago Centro que le impuso cinco multas a beneficio fiscal, por no llevar registro de asistencia y horas trabajadas, entre otras faltas.
Los legisladores piden al Presidente de la República el otorgamiento de una pensión de gracia a los voluntarios de los cuerpos de bomberos que hayan cumplido más de 50 años de servicio.
Los legisladores solicitan al Presidente de la República la implementación de un programa de capacitación para personas en situación de discapacidad visual severa a moderada y que se encuentren en edad laboral.
Preocupación genera en el sector de la pequeña minería y la minería artesanal, que la actual normativa sobre seguridad en las faenas termine convirtiéndose en un verdadero obstáculo que termine por asfixiar la actividad.
Parlamentarios consideran para este propósito ejes fundamentales como: reconocimiento a nivel constitucional y fortalecimiento de la institucionalidad en materia de pueblos originarios.
La precarización de las funciones docentes denunciaron profesores de la Universidad Técnica Federico Santa María, Inacap y Duoc. Solicitaron que la acreditación de las casas de estudios considere la situación laboral y, también, levantar un estatuto docente de educación superior.
Diputados solicitan al Presidente de la República ratificar el Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1935, relativo a la disminución de horas de trabajo a cuarenta por semana.
Si bien, afirma la Comisión, en su artículo primero, esta ley dispone como objetivo regular la atención y reparación integral de las víctimas y sus familiares, el texto aprobado consta de cinco artículos que se limitan a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo, salud y recreación.
