Las acciones se impetraron contra CAM Chile S.A. como demandada principal y la Municipalidad de Peñalolén como empresa principal.
La Segunda Sala señaló que ha arribado a la conclusión de que concurren las causales de inadmisibilidad de los numerales 5 y 6 del artículo 84 de la LOCTC.
Para el Tribunal Interamericano no existe duda de que, por ejemplo, una familia monoparental debe ser protegida del mismo modo que dos abuelos que asumen el rol de padres respecto de un nieto. Una familia también puede estar conformada por personas con diversas identidades de género y/o orientación sexual.
La acción deducida por la demandante es declarativa de derechos y tiene un claro contenido patrimonial, por lo que le son aplicables las disposiciones generales del Código Civil.
El ente contralor adujo que, la demora señalada implica una infracción de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que impone a los órganos de la Administración del Estado el deber de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites.
Las impugnaciones fueron impetradas por Servicios del Pacífico SPA y La Polar S.A.
No impugnó la aplicación de las normas que constituyen el marco legal que los sentenciadores del fondo aplicaron en la materia.
La decisión que recae sobre la imposición de costas no reviste el carácter de sentencia definitiva.
Consagra 11 medidas preventivas de protección que puede solicitar el denunciante a la Contraloría General de la República.
La Audiencia Provincial de Cantabria condenó a los responsables a la pena de 24 años de prisión y a una indemnización de 25.000 euros a cada una de las dos mujeres que en el juicio comparecieron como testigos protegidas y que son víctimas de los hechos enjuiciados.
