El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción proteccional, tras establecer que el establecimiento no ha incurrido en ilegalidad, arbitrariedad que afecte alguna de las garantías constitucionales que los reclamantes estiman conculcadas.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario y discriminatorio del servicio al negarse a realizar el trámite.

Dado que la innovación tecnológica suele avanzar más rápido que la capacidad de gobiernos y parlamentos de redactar nuevas normas y reglamentos, los tribunales de todo el mundo se enfrentan cada vez más a ciertos problemas de carácter muy complejo.

La instancia ratificó lo establecido por el Consejo para la Transparencia (CPLT) en amparos en contra de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y de la Superintendencia de Pensiones (SP), entidades que deberán acceder a los requerimientos tras denegar el acceso a los antecedentes por la oposición de las administradoras de fondos de prensiones.

La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad, por recurso de hecho.

El empleador está impedido de probar por medios diferentes a los indicados en el artículo ya citado, un finiquito, la renuncia del trabajador o el mutuo acuerdo de las partes.

Así, al condenar al empleador al lucro cesante no se está en presencia de una doble indemnización o de indemnizaciones incompatibles sino frente al pago de prestaciones que obedecen a causas diversas.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

A fin de que las personas tengan un apoyo económico en medio de la crisis.

En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.