Las parlamentarias pusieron como plazo el martes 12 de octubre para presentar indicaciones al proyecto. En una segunda instancia, el grupo abordó la crítica situación por la que atraviesan las mujeres migrantes en el norte del país.
Esto, luego de que la Comisión de Hacienda respaldara la idea de legislar, pero se adelantó que la norma requiere de “indicaciones profundas”. Asimismo, aprobó las normas de su competencia del proyecto que promueve la denuncia de actos irregulares en la administración pública.
Acuerdo fue suscrito por la Mesa de la Convención y la Defensoría de la Niñez.
En la jornada de este miércoles el Pleno abordó los mecanismos mediante los cuales la ciudadanía se hará parte del trabajo constitucional.
Las reclamaciones fueron presentadas por la EPV, así como por agrupaciones y personas naturales que participaron del proceso de evaluación ambiental del proyecto TCVAL y están asociados a dos resoluciones de la autoridad ambiental.
En primer lugar, se infringió el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), donde queda establecida la definición de consentimiento como «toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.
El tercero apeló de resolución que le ordena poner a disposición del tribunal y del ejecutado sumas de dinero.
La entidad no contaba con mecanismos idóneos para el cumplimiento de la normativa que rige el proceso de Aceptación de Ofertas de los afiliados.
La demora en el término del proceso de titulación, no se debe a un actuar atribuible a la Universidad, sino que a la falta de respuestas de las recurrentes respecto al avance y entrega de la tesis respectiva.
En los procesos sobre violencia intrafamiliar o en contra de la mujer, donde se estén conociendo derechos de presuntas víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género, diligencias tales como la designación y citación de peritos, son actuaciones procesales de exclusiva competencia y responsabilidad de la autoridad judicial.
