El proyecto considera pensiones de $160.000 para los hijos e hijas menores de 18 años de víctima de femicidio consumado.
Corresponde distinguir entre el error excusable y el inexcusable. Para que el error médico sea inexcusable y, por lo tanto, comprometer la responsabilidad del profesional por culpa, el yerro debe ser objetivamente injustificable para un profesional de su categoría o clase (ej.: especialista).
De igual modo debe ejercer las funciones y atribuciones que correspondan al SENAME en aquellas materias relativas a la línea de acción, Oficinas de Protección de Derechos (OPD).
Los requirentes estiman que la restricción establecida en la norma impugnada los posiciona en un estado de indefensión procesal.
El demandado intentó evitar el cobro de rentas insolutas argumentando una supuesta falta de legitimación activa del demandante, en circunstancias que en el juicio se asentó la legitimidad del actor y la existencia del contrato de arriendo.
El recurrente alegó que la obligación no era líquida pues estaba contenida en un contrato de mutuo que no detallaba el monto expreso de la suma adeudada, argumento desestimado por el máximo Tribunal al observar que en el contrato ambas partes acordaron el pago en cuotas y establecieron una fórmula para calcular el valor de cada parcialidad.
La iniciativa busca terminar con la doble evaluación de los educadores, fortaleciendo procesos de inducción y acompañamiento.
La norma establece un equilibrio entre los intereses de los deudores insolventes y sus acreedores. Por lo general, permite a los deudores liquidar todas las obligaciones previas a la quiebra, pero hace excepciones cuando, a juicio del legislador, el interés del acreedor en recuperar una deuda en particular supera el interés del deudor en comenzar de nuevo. Una de esas excepciones prohíbe a los deudores pagar cualquier deuda por dinero obtenido por fraude.
El órgano sesionó este miércoles sobre diez indicaciones presentadas a la propuesta de estructura de la mesa directiva. Luego de varias horas de discusión, el resultado fue un índice definitivo de quince capítulos, sin la inclusión de títulos sobre las FF.AA y los DD.HH.
La Segunda Sala del máximo tribunal descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que condenó a Orlando Óscar Carter Cuadra, teniente del Ejército a la época de los hechos, a la pena de 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de los delitos.
