La instancia sesionará hasta total despacho, con el objeto de pronunciarse sobre temas como el destino del 6% de la nueva cotización adicional.
El flamante proyecto de reforma presentado por el Poder Ejecutivo impulsa los juicios por jurados en materia penal y cuenta con una particularidad: establece que los magistrados deberán usar toga negra y martillo para la conducción de los debates.
La accesibilidad es un derecho avalado por normativas europeas, estatales y regionales y un requisito imprescindible que deben cumplir todos los establecimientos abiertos al público para garantizar la seguridad y la autonomía de todos sus clientes. Aún así, muchos comercios todavía no se ajustan a ella.
La Superintendencia del Medio Ambiente advirtió que, ante el aumento de temperatura, el objetivo es que se implementen todas las medidas comprometidas, a fin de evitar y controlar posibles efectos generados por malos olores.
El D.L. N° 2.695 ofrece un método equilibrado para resolver conflictos entre la posesión inscrita y la material, respetando así los principios constitucionales, siendo un mecanismo justo y necesario para abordar situaciones donde la posesión material no está reflejada en los registros formales, protegiendo a los poseedores materiales que, a pesar de no tener una posesión inscrita, han mantenido un control efectivo sobre la propiedad.
La magistratura estimó que la recurrente carece de un derecho indubitado, pues la universidad en ningún momento le impidió finalizar sus estudios de postgrado por deudas pretéritas, sino porque le faltaba cursar el último módulo contemplado en la malla curricular.
En atención al principio de especialidad, el tribunal Supremo estimó que la compensación realizada a los recurrentes vulneró su derecho de propiedad, debido a que la Ley Nº20.027 contempla mecanismos especiales para perseguir el cobro de las deudas de estudios superiores, y dichas normas deben ser empleadas con preferencia a las facultades compensatorias generales que posee la Tesorería en atención al artículo 34 del D.L. Nº1.263.
Pese a que la liquidadora concursal impugnó los créditos de los recurrentes, el máximo Tribunal estimó que aquellos gozaban de preferencia en el pago de los montos obtenidos en sede laboral, debido a que tanto la persona del deudor, como las empresas que llevaban su mismo nombre constituían un único empleador en los términos del artículo 3 del Código del Trabajo, por ende, no se le podía eximir de la reclamación del crédito de sus antiguos dependientes.
El consulado de Chile en Venezuela rechazó la solicitud de la visa en noviembre de 2020, debido a la crisis y emergencia sanitaria que atravesaba la nación debido a la pandemia del Covid-19, no obstante, la afectada intentó revertir dicho acto mediante la interposición de un recurso de protección en el año 2022, acción que fue desestimada por extemporánea.
El plazo de 30 días para reclamar en contra de una resolución de la DGA, debe computarse como plazo administrativo, y una vez ha sido admitido a tramitación por la magistratura, puede aplicarse la regla de los plazos judiciales que considera al día sábado como hábil, resolvió el máximo Tribunal.
