CGR emite pronunciamiento sobre contratos suscritos por el Fondo para Hospitales de Carabineros que requieren autorización del Ministerio de Hacienda.
La autoridad determinó que era procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley N°20.128.
La autoridad determinó que era procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley N°20.128.
Lo que proscribe el tipo penal es el llamado discurso del odio, que plantea el siempre difícil problema de delimitar qué discursos son punibles y qué otros discursos, por más que sean inaceptables, no pueden ser objeto de sanción penal, bien por estar amparados por la libertad de expresión, bien por resultar desproporcionada la respuesta penal.
Contraviene el debido proceso, el derecho al recurso, dada la vaguedad e imprecisión en su redacción. No se define previamente lo que debemos entender jurídicamente con la frase “sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación”.
El objeto de la pretensión es materia de indivisión y no de la partición en sí, por lo que es una cuestión accesoria que puede ser resuelta por la justicia ordinaria y no necesariamente por el juez partidor.
Se consultó a la autoridad cuáles procesos de un call center pueden realizarse conforme a dicho precepto.
Las resoluciones impugnadas no explicitan suficientemente los factores que se tuvieron en cuenta para modificar estos criterios, los que en su origen, tenían como finalidad favorecer a los armadores de la Isla Santa María.
Vedar el acceso a la libertad condicional sólo por la condición de reincidente no supera el test de racionalidad constitucional, cuando el interno ha transitado las anteriores etapas del tratamiento penitenciario con éxito.
No existe ilegalidad o arbitrariedad en el acto denunciado, en vista que la recurrida se limitó a dar su opinión sobre la materia, señalando la normativa que podría sustentar su pronunciamiento.
La Sala de la Cámara de Diputados solicita que se establezca un programa de promoción y favorecimiento de la utilización de esta modalidad sanitaria.
La Sala de la Cámara de Diputados instó al Presidente de la República a que envíe un proyecto de ley que extinga las deudas de los usuarios acogidos a las leyes que regulan el corte de servicios básicos domiciliarios durante la pandemia.