La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación de protección, de que conoce la Corte Suprema.
El Tribunal de alzada descartó infracción a la ley en la sentencia impugnada, que acreditó la vulneración a la integridad síquica, a la indemnidad, a la no discriminación y a la honra.
El oficio señala que la forma en que se determina el sujeto activo puede resultar necesario precisarla, debido a que no se puede confundir al propietario de los establecimientos de comercio con sus dependientes, puesto que estos últimos actúan por cuenta de los primeros.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada, que condenó al municipio a pagar $10.000.000 por daño moral, y $1.743.965 por daño emergente, a la víctima.
El máximo Tribunal sugiere informar negativamente esta reforma, haciendo presente que ella vulnera el contenido mínimo del mandato de determinación de la ley penal que establece el inciso final del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.
El Tribunal de alzada acogió la acción proteccional, tras establecer que las recurridas no han adoptado las medidas pertinentes para reguardar garantías constitucionales conculcadas.
La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones descarta el rechazo de plano para casos en que se hubiere formulado observaciones.
La sanción adoptada no se encuentra ejecutoriada pues está pendiente el recurso de apelación que el recurrente dedujo.
Corresponde aplicar supletoriamente las normas del Código del Trabajo a una relación laboral regida por el Estatuto Docente.
El concurso público fue efectuado con plena observancia del procedimiento que debía observarse.
