Recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 3 y 24 de la Constitución.
La gestión pendiente incide en autos sobre nulidad de derecho público y declaración de mera certeza, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de Concepción, en actual conocimiento de la Corte de la misma ciudad.
Recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1 y 24 de la Constitución.
Expuso el máximo Tribunal de Colombia que ese tipo de recursos solo se pueden aplicarse a seres humanos y no se extienden a la protección de los derechos de los animales.
La decisión acordada con el voto en contra de los Ministros Sandoval y Aránguiz, quienes estuvieron por confirmar el fallo en alzada por sus propios fundamentos.
La gestión pendiente incide en autos sobre apelación de protección de que conoce la Corte Suprema.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia que rechazó solicitud por concurrir en la especie las causales de irregistrabilidad.
El Tribunal acogió la acción de tutela laboral, tras establecer la sicóloga de Liceo Comercial Diego Portales Palazuelo de Los Ángeles que fue víctima de acoso laboral por parte del director y funcionarios de su establecimiento, y ordenó al municipio, en calidad de sostenedor, pagar a la profesional una indemnización total de $8.000.000.
El máximo Tribunal estableció que los recurridos incurrieron en falta o abuso grave al acoger reclamación presentada por la sociedad que fue amonestada por incumplir obligaciones contractuales y afectar derecho a defensa de representado.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida al denegar el pago de los gastos de hospitalización y atenciones de cuadro infeccioso grave, derivado de una mala praxis médica.
