El Tribunal de alzada no hizo lugar a la acción cautelar deducida, y confirmó la resolución dictada el 15 de febrero recién pasado por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que decretó la prisión preventiva del ex suboficial del GOPE.
El máximo Tribunal revocó la sentencia apelada y acogió la demanda deducida, ordenando al Estado de Chile a pagar $30.000.000 a dos hermanos de la víctima; y $3.000.000 a cada uno de los seis sobrinos demandantes.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada que estableció la falta de servicio del Estado de Chile al no dar alerta de evacuación de la isla Robinson Crusoe.
El máximo Tribunal estableció que la empresa concesionaria vulneró el derecho a la integridad síquica de la deudora con acciones desproporcionadas, abusivas e injustificadas.
El órgano contralor anteriormente sostuvo que al CIMM le son aplicables los principios básicos de gestión propios del derecho público, a pesar de tratarse de una corporación de derecho privado.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de apelación de protección, de que conoce la Corte Suprema.
Recurrente considera que se vulneró el derecho de propiedad y el derecho a la integridad psíquica.
Empresa recurrente se dedica a arrendar departamentos para turistas por lo que estima que se vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad.
Cambió su jurisprudencia respecto a este asunto nuevamente.
Recurrente alegaba que se vulneró el derecho a la integridad psíquica, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
