No hay indicios de que el empleador haya estado en conocimiento de la identidad del denunciante. Por lo demás, el despido se produce más de un mes después de realizada dicha denuncia.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, que ordenó a la casa edilicia pagar a la empresa una indemnización total de $1.263.075.787, por incumplir obligación de fiscalizar el efectivo cumplimiento del pago de las tarifas de los estacionamientos ubicados en la zona concesionada; más $3.000.000 por concepto de daño moral.
En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Los hechos que se tuvieron por acreditados en relación al envenenamiento del fallecido no resultan subsumibles a la descripción típica del delito de homicidio en ninguna de las formas que contempla el artículo 391 del Código Penal.
Su objetivo es la administración y ejecución de las medidas y sanciones contempladas por la Ley sobre Responsabilidad Penal de Adolescentes, que contribuyan a la modificación de la conducta delictiva y la integración social de los jóvenes.
La gestión pendiente incide en autos sobre sobre reparación de daño ambiental, seguido ante el Tercer Tribunal Ambiental.
La resolución impugnada resolvía una materia laboral.
Se trata de una intervención quirúrgica encaminada a reparar o reconstruir el cuerpo de la paciente.
Se lo debe sancionar con el pago de las remuneraciones y de ello debe responder también la empresa principal.
La Municipalidad requirente estima que el precepto impugnado infringiría el debido proceso, toda vez que al no permitirle oponer las excepciones que contempla el CPC en el artículo 464 N° 1 y 7.
