La requirente sostiene que la norma legal impugnada vulnera la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, desde que, el llamado a conciliación no puede ser considerado como la última gestión útil, sino que debe tenerse en cuenta la solicitud de nuevo día y fecha para dicha audiencia.

El destino de los fondos previsionales quedados al fallecimiento de un afiliado es pagar pensiones de sobrevivencia a los beneficiarios que señala expresamente la ley.

Tribunal de familia incurrió en un error al dejar sin efecto la retención dispuesta, pues el 10% de los fondos de la cuenta de capitalización individual se encontraban retenidos por la administradora requerida, a la época en que el ejecutado se cambió de AFP, razón por la cual, dicho monto ahora está bajo la administración de la nueva entidad en la que cotiza el alimentante.

La Administración no ha agotado la investigación a que venía obligada por la reprobable actitud del Jefe del Servicio de Facturación y de la persona o personas que accedieron indebidamente al historial clínico del actor, lo que no hubiera resultado difícil dado el escaso número de trabajadores en el servicio.

La requirente sostiene que la norma legal impugnada vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, particularmente el debido proceso, desde que a pesar de que la contraparte había cumplido la anticipación de dos días para anunciar el alegato por vía remota, y con ello encontrarse los medios en el tribunal para escuchar los alegatos por esa vía, se le privó el derecho de recurrir el fallo por haberse anunciado el día anterior de la vista de la audiencia.

La conducta del Servicio no solo es ilegal, por no encontrar reconocimiento normativo, sino también arbitraria, pues carece de razones y fundamentos.

La representación del recurrente no es accesoria, sino que aparece claramente como protagonista de la información; la imagen ha sido extraída de un contexto totalmente ajeno y desvinculado de la noticia e información publicada, siendo utilizada sin su consentimiento y para unos fines totalmente diferentes y para los que en absoluto resultaba necesaria.

El actuar del tribunal vulnera los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, especialmente la Convención de los Derechos del Niño y los principios inspiradores de la Ley N°20.084.

La recurrida se constituyó en una comisión especial, pues decidió cambiar el candado de la puerta de ingreso al piso 17 y consecuencialmente clausurar la entrada a la azotea del edificio de que se trata, al margen de un procedimiento racional y justo.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe el derecho de propiedad y el principio de seguridad jurídica, desde que, al establecerse una nueva causal de extinción del dominio de las concesiones mineras, la que, por cierto, no está contemplada en la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras, se le priva ilegítimamente del dominio que tiene sobre sus pertenencias mineras.