Corte Constitucional de Perú señaló que la aplicación de las medidas denunciadas resulta desproporcionada y configuran una transgresión a los derechos a la propiedad, al libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito.
La gestión pendiente incide en autos sobre declaración de nulidad de derecho público, seguido ante el Decimoséptimo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
La Magistratura constitucional española adujo que la adopción de la medida cautelar respondía a finalidades constitucionalmente legítimas, como son las de precaver el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva.
El recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 21.
El defensor señala que no cuenta con todos los antecedentes para una defensa adecuada.
El amparado no se había presentado a cumplir su pena.
El amparado debe mas de 6 millones de pesos en pensión de alimentos.
El amparado estuvo en prisión preventiva en causa en la finalmente fue absuelto.
La Corte estimó que es incompatible la resocialización de un condenado con la expulsión.
Esto, a propósito de reclamo de funcionaria por el pago del sueldo que le asistiría por ejercer la subrogancia de la jefatura.
