El Tribunal de alzada estableció que la demandada no acreditó la entrega de atalaje para cureña (equipamiento de carro mortuorio tirado por caballos) comprometido.

No existen representantes del pueblo chango que hayan solicitado su habilitación para ser candidatos a la Convención Constitucional. Y si bien representantes de los otros pueblos están habilitados, ninguno de los collas, yámanas (o yaganes) y kawashkar logran el mínimo de patrocinios que les permita declarar su candidatura.

La gestión pendiente incide en autos seguidos ante la Fiscalía de Aviación de Santiago.

La negativa a cursar las licencias médicas implicó el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa de parte de la autoridad.

El deudor no puede obligar al acreedor a que reciba por partes lo que se le debe.

Esto, a propósito de solicitud del Intendente de la Región Metropolitana de Santiago, quien solicitó un pronunciamiento acerca de la posibilidad de suspender el plazo de prescripción del derecho a descanso compensatorio o prorrogar su vigencia.

La autoridad administrativa mantuvo las multas aplicadas a la reclamante por un total de 70 UTM.

Si bien la demandante vendía productos de la contratista, en el contrato de trabajo se fijaron sus funciones como promotora de la tienda Ripley.

Asimismo, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota, ordenó instruir un sumario administrativo en la anotada entidad y en los demás servicios públicos pertinentes, con el fin de determinar la existencia de eventuales responsabilidades administrativas en los hechos descritos.

Las especiales características de estas instituciones hacen inadecuada y vana la aplicación de una normativa distinta a sus estatutos.