El hecho que la víctima no tuvo interés en concurrir al SML para ser periciado y que no aceptara la licencia médica que le iba a ser extendida por el respectivo facultativo del Hospital del Trabajador para no perder su trabajo, hacen suponer que tampoco concurrirá al juicio oral que debería realizarse, en caso de acogerse el recurso de nulidad deducido por el Ministerio Público.

También participa el Congreso y los ministerios de Energía y de Ciencias, por lo que por primera vez se incorporarán a estos planes representantes de los tres poderes del Estado.

Sostiene que estas empresas han violado la ley estatal, al no asumir los gastos relacionados con el cuidado de los inmigrantes, destacando que la ciudad no puede enfrentar sola los desafíos creados por las “estrategias políticas de Texas”.

Ricardo Blanco Herrera es abogado de la Universidad de Chile e ingresó al Poder Judicial el 24 de agosto de 1978, siendo funcionario en el Cuarto Juzgado del Crimen y el Décimo Octavo Juzgado del Crimen de Santiago. El 10 de julio de 1987  fue nombrado secretario del Séptimo Juzgado del Crimen de Santiago y, paralelamente, sirvió en varios periodos el cargo de relator suplente de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La instancia se reunió en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric y los ministros de Educación y Segpres para abordar la situación de la educación en el país y los compromisos adquiridos con motivo del protocolo de la partida de Educación en Ley de Presupuestos 2024.

Así lo anticipó el presidente de la instancia, Alfonso De Urresti quien agregó que invitarán tanto al Director del IND como a la Contralora.

Empresa arriesga una multa de hasta 21.000 unidades tributarias anuales (UTA), equivalentes a más de $ 16.000 millones a valor actual.

En la sentencia, el magistrado acogió la acción, tras establecer la responsabilidad del empleador, dueño del predio La Hoyada, por la falta de medidas de seguridad para el desempeño de las funciones de los trabajadores en la limpieza de caballerizas y cuidado y alimentación de caballares.

El tribunal destacó que “las compañeras tienen el perfecto derecho a sentirse libres y ajenas a sus desafortunadas faltas de educación, respeto y consideración», por lo que consideraron que el despido del empleado era procedente.

El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, los principios de non bis in idem y de proporcionalidad, y el derecho de propiedad, desde que el interés penal conduce a un enriquecimiento sin causa lo que genera inevitablemente un extremo sobrendeudamiento al demandado.