El máximo Tribunal descartó error en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que rechazó la demanda al no acreditarse los perjuicios demandados.
El Tribunal acogió la demanda de tutela laboral, tras establecer que el ente edilicio incurrió en actos de acoso laboral en contra de la trabajadora, por lo que le ordenó pagar a la demandante una indemnización total de $5.100.000, por concepto de daño moral y emergente.
El Tribunal estableció que en la especie, el demandante aportó indicios suficientes para comprobar que su desvinculación se produjo por negarse a firmar anexo de contrato para rebajar su sueldo a la mitad.
Así lo manifestaron quienes participaron en la consulta realizada en www.congresovirtual.cl. En tanto, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales culminó con la votación en particular del proyecto conocido también como «chao colillas».
La reclamante no demostró de qué manera la entrega de estos documentos configura alguna de las causales de reserva alegadas, lo que impide concluir que su acceso comprometa sus intereses.
No se cumplen los objetivos de celeridad y efectividad en la tutela efectiva de los derechos contemplada por el legislador mediante la prohibición de la institución del abandono del procedimiento.
Si bien al momento de contratar el seguro, el actor contaba con exámenes que indicaban el hallazgo de una anomalía arterial, carecía de un diagnóstico, y por ende, no le era exigible su declaración.
La autoridad desconoció la aplicación de los principios de inexcusabilidad y coordinación, en circunstancias en que eran especialmente exigibles al ser menores de edad los solicitantes.
Al no proporcionar tal formulario a los actores, la recurrida incurrió en un acto ilegal, pues condicionó el inicio de aquel procedimiento a un trámite no establecido por la ley.
Se solicitó la liquidación forzosa de una inmobiliaria, por una presunta deuda de casi 100 millones de pesos.
