El Tribunal acogió la acción judicial y condenó a los demandados a pagar solidariamente por daño moral, las sumas de $5.000.000 a cada progenitor, y $15.000.000 a la víctima directa, tras establecer su responsabilidad en el accidente registrado en abril de 2015, en la comuna de Las Condes.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Policía Local de Las Condes, que acogió la denuncia interpuesta por el Servicio Nacional del Consumidor.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso deducido por la madre del menor en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Familia de San Felipe, en abril pasado.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada que condenó a Julio Salazar Lantery, Carlos Durán Low, Jorge Andrade Gómez y Jorge Vargas Bories a 10 años y un día de presidio, en calidad de autores de delito.

El Tribunal de alzada estableció que el voto de mayoría, que decretó la absolución del acusado, realizó una incorrecta valoración de la prueba, por lo que ordenó al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas la realización de un nuevo juicio por jueces no inhabilitados.

El Tribunal aplicó, además, a Sánchez Cometivos las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

En la instancia, el ministro de Minería, Baldo Prokurica reiteró que la moción genera un daño a las políticas del Estado para exportar estos productos. Por su parte, el vicepresidente de Corfo, Pablo Terrazas, también expuso su negativa a la moción.

La instancia, que tuvo su motivación en un reciente accidente en la Región de O'Higgins que dejó seis personas muertas y 46 lesionados, tendrá un plazo de 120 días para la desarrollar su trabajo.

La Comisión respecto de la demora en resolver licencias médicas recibió a María Soledad Van Wersch, jefa de Coordinación de esta entidad; y a Marcela Arancibia, jefa de la Oficina de Licencias Médicas del organismo.

El presidente del Senado confirmó la instrucción de un sumario administrativo con el fin de «aclarar distintos procedimientos internos sobre provisiones presupuestarias que no estaban informadas a la Dipres».