Las medidas cuestionadas buscan salvaguardar el correcto uso de los recursos públicos, pues no corresponde que se incorpore la imagen del edil como práctica reiterada en la difusión de las actividades municipales.
La sanción de nulidad del despido se aplicaría retroactivamente, desde que el supuesto fáctico que se invoca para su procedencia ocurrió 8 años antes de la publicación de la Ley N°19.631.
La ley excluye los casos en que el transcurso del plazo de prescripción de la acción estaba pendiente al momento en que se declaró el estado de excepción.
No se cumple con el requisito en torno a la estructuración argumentativa de un conflicto constitucional claro, delimitado y estructurado vinculado con el caso concreto que se sigue en la gestión pendiente.
Ello, en la medida que se cursen en una Universidad del Estado o reconocida por éste.
Ello, mientras se mantenga en la nómina de instituciones que, conforme a lo prescrito en la Ley N°18.010, colocan fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva.
Requerimiento se estructura omitiendo los fundamentos del conflicto constitucional planteado.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada en resguardo de las garantías constitucionales de la niña y autorizó al centro asistencial ariqueño para que proceda a vacunarla contra la tuberculosis y la hepatitis B tan pronto quede ejecutoriada la sentencia, “pudiendo recabar el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición”.
El Tribunal de alzada descartó error en la sentencia recurrida, dictada por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.
La resolución agrega que no se advierte que exista una desproporción en las sumas que han sido otorgadas a título de daño moral, las que se encuentran suficientemente justificadas en el inconmensurable daño a las víctimas demandantes, teniendo en consideración el extenso período durante el cual buscaron afanosamente conocer el paradero de Pedro Mella Vergara.
