El decreto de expulsión fue dictado hace más de 10 años.
En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.
La gestión pendiente incide en procedimiento de liquidación voluntaria, seguido ante el Sexto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago.
La Magistratura colombiana adujo que los procedimientos administrativos se sobrepusieron a la necesidad urgente de una persona de recibir atención médica, es decir, primó el trámite sobre lo humano.
La Corte de Rancagua estimó que la acción deducida perdió oportunidad, pues los organismos que han informado manifestaron que las publicaciones reclamadas por la actora fueron eliminadas de sus sistemas.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que el recurrente padece de una enfermedad de carácter psiquiátrico que le impide realizar funciones correspondientes a la institución de la que forma parte.
Recurrente estimó vulneradas la igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
Corte de Santiago indicó que hechos exceden el ámbito del recurso de protección.
Esto, a propósito de solicitud de voceros y representantes de la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP, y de la presidenta de la Confederación de Sindicatos Bancarios.
El objetivo principal del proyecto ingresado es cambiar el sistema político presidencial a un modelo Semi-Presidencial.
