El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría el derecho de propiedad.
Corresponde ahora que la iniciativa, en primer trámite constitucional, sea analizada por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
El condenado tendrá que pagar, además, a los padres del menor una indemnización de 150.000 euros a cada uno de ellos.
Corresponde ahora que la iniciativa, en primer trámite constitucional, sea analizada por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Carmona, Hernández Emparanza y Pozo, quienes estuvieron por rechazar el requerimiento.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamación judicial ambiental, seguidos ante el Primer Tribunal Ambiental, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
La instancia se creó para fiscalizar los actos de Gobierno realizados por los Ministerios del Deporte y Justicia y de todo órgano de la administración del Estado competente, respecto al caso de fraude en la ANFP.
En total, la comisión revisó 39 solicitudes, de las cuales 31 fueron acogidas: dos de Porvenir, 27 de Punta Arenas y tres de Puerto Natales.
Acordada la inadmisibilidad con el voto en contra del ministro señor Llanos, quien fue del parecer de acoger a tramitación la presente acción constitucional.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar deducida, tras establecer el actuar arbitrario e ilegal del Mineduc al no entregar íntegramente los textos de estudios para los estudiantes con necesidades especiales.
