La iniciativa tenía por objetivo rebajar un 50% el impuesto específico al combustible en caso de estado de excepción constitucional o alguna calamidad pública que afecte gravemente los ingresos de la ciudadanía.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual.
El reclamante, el abogado Marcos Emilfork, solicita al Tribunal dejar sin efecto la resolución en que la SMA archivó la denuncia, “ordenando a la SMA requerir el ingreso del Túnel Los Sulfatos al SEIA”.
El Tribunal consideró que en la especie no se configura la falta de servicio demandada, al proceder el SAG a sacrificar a los ejemplares como medida de control de la enfermedad animal y en resguardo de la salud pública.
El Tribunal de alzada confirmó en lo apelado, la sentencia dictada por el ministro en visita Mario Carroza, que aplicó perspectiva de género al condenar a los responsables de los delitos de secuestro y aplicación de tormentos con violencia sexual a seis detenidas en el centro de clandestino, entre 1974 y 1975.
El ministro de la Barra informó a Escobar Poblete que deberá ingresar a cumplir prisión preventiva en el Centro Penitenciario Santiago 1 y someterse a la cuarentena de rigor. Finalizada la anterior, se realizarán las diligencias que se adopten en la causa.
La iniciativa reconoce, protege y regula, sin discriminación alguna, el derecho de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave a una adecuada atención de salud y un cuidado integral orientado a aliviar dentro de lo posible los padecimientos.
El acto impugnado carece de sustento fáctico, pues la COMPIN declaró que la salud de la actora es recuperable, lo cual se confirma con su retorno al trabajo por cinco meses, sin presentar nuevas licencias.
Los antecedentes solicitados son el resultado de la fiscalización efectuada por la Superintendencia de Pensiones, y siendo ésta una institución pública, esta información participa del mismo carácter.
El procedimiento ejecutivo al no estar diseñado para discutir el mérito jurídico de la interpretación de la disposición normativa que da base a la existencia de la obligación tributaria contraviene el debido proceso.
