En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Es el octavo caso en que el TDLC condena a empresas de transporte público en razón de requerimientos iniciados por la FNE desde 2007en distintos mercados. La Fiscalía ha acusado colusiones en Osorno, Talca, Valdivia, y en las rutas Santiago – Curacaví – Lo Vásquez, Santiago – Cartagena, y Copiapó – Caldera.
Jimmy Lai, de 73 años, es un prominente activista pro democracia en Hong Kong. Es dueño del popular diario, Apple Daily, medio de comunicación crítico de las restrictivas medidas impuestas a la comunidad semi autónoma.
El máximo Tribunal español adujo que la prueba acredita que la madre suministró a la menor una gran cantidad de medicamentos y trató posteriormente de asfixiarla con una almohada, produciéndose como consecuencia de estas acciones la muerte de la niña.
Si bien la preocupación por proteger a los niños y niñas del trabajo infantil y asegurar su escolaridad data desde fines del siglo XIX, la legislación que regula el trabajo infantil se ha ido perfeccionando de la mano de las exigencias de convenciones internacionales.
El máximo Tribunal decretó la absolución de los recurrentes, cuya condena se dictó con declaraciones inculpatorias obtenidas bajo tortura.
El ministro instructor difirió la entrega del requerido hasta que se resuelva el proceso que enfrenta en el Decimotercer Juzgado de Garantía de Santiago por porte ilegal de armas.
El máximo Tribunal estableció que el recurrente no cumple con los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma, suscrito por Chile, para conceder la libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.
El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Iquique, que confirmó la resolución de base que acogió la demanda principal de nulidad absoluta de testamento y desestimó la acción reconvencional de revocación de testamento.
El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, que ordenó a la demandada pagar a la Corporación de Desarrollo Social de Pudahuel, la suma de $71.188.033, por concepto de daño patrimonial emergente.
