El requerimiento adolece de falta de debido fundamento plausible para sortear el requisito que ha previsto el legislador orgánico constitucional, en su artículo 84 N°6, presentando un conflicto que, más bien, debe ser resuelto por la judicatura competente.

La resolución que denegó la solicitud de paralización de las obras de los reclamantes se dictó en septiembre de 2017 y el reclamo de ilegalidad fue interpuesto en agosto de 2018, por lo que el plazo de interposición se encuentra largamente vencido.

Los trabajadores se desempeñan como recolectores de basura.

La contratación se enmarcó dentro de las facultades previstas en el artículo 4 de la Ley N°18.883.

Al respecto, el Tribunal adujo que, si bien el fallecimiento del maquinista determina la extinción de la responsabilidad penal, la instructora considera que los hechos podrían haber sido constitutivos de cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 47 delitos de lesiones por imprudencia grave profesional.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad deducido por la demandante en contra de la sentencia, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que desestimó la demanda.

El Tribunal estableció que las conductas acreditadas en la especie, ameritan la pérdida de la inmunidad sindical del trabajador.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la policía civil al considerar que el funcionario solo podía obtener el beneficio si se trasladaba junto a su antigua cónyuge, de la cual se separó de mutuo acuerdo en 2011.

El máximo Tribunal estableció que erraron los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar el pago de la compensación.

El Tribunal de alzada confirmó en todas sus partes el fallo impugnado, dictado por el 18° Juzgado Civil de Santiago.