La Primera Sala del Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, dictada por la ministra en visita extraordinaria Marianela Cifuentes Alarcón, que condenó a Pedro Octavio Espinoza Bravo, César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Fernando Eduardo Lauriani Maturana y Ciro Ernesto Torré Sáez a 10 años de presidio efectivo, en calidad de autores del delito.

El Tribunal de alzada desestimó la acción constitucional, tras establecer que la autoridad recurrida actuó dentro de sus facultades al disponer la inoculación para proteger la salud pública del país.

El Tribunal de alzada estableció que la Corte de Apelaciones de Arica incurrió en la causal de nulidad de ultra petita, al resolver más allá de lo solicitado en el recurso de apelación sometido a su conocimiento.

Dispuso la celebración de un nuevo proceso eleccionario.

El Tribunal de alzada confirmó la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó a la empresa el pago de $2.246.831, por concepto de recargo legal del 30%, más la suma $1.220.127, descontada del aporte del seguro de cesantía.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal de las recurridas y les ordenaron la devolución de los fondos, incluidos las comisiones que se hubieran generado en perjuicio o beneficio del recurrente.

El juez estableció que la congregación demandada no justificó la causal de necesidades de la empresa, esgrimida en la carta de despido del trabajador.

Este tipo de actuaciones de videoconferencia, agravarían los problemas que se producen en la subasta de un bien raíz, por la colusión de los postores, que resulta incontrolable a través de la interconexión.

La actora no pudo participar en uno de los programad del Fondo de Internacionalización de Universidades.

La actora debió ejercer un reclamo de ilegalidad judicial.