Acciones de que fueron presentadas en contra de Carabineros, Ejército, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el jefe de la Defensa Nacional, general de división Javier Iturriaga del Campo.
El Tribunal de alzada solo analizó un caso, debido a que existe pronunciamiento en favor de las otras dos profesionales amparadas, el cual ordenó a Carabineros efectuar un sumario administrativo e informar al tribunal de alzada el resultado de dicha indagación.
Imputado por el Ministerio Público como autor de los delitos de desórdenes públicos y ataque con elemento incendiario contra Carabineros.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer que los efectivos policiales vulneraron la seguridad personal del amparado, quien fue detenido la noche del 19 de octubre, cuando regía el toque de queda, y sometido a tratos vejatorios en la unidad policial, los que se extendieron al día siguiente.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral deducida contra la requirente, en tramitación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
El máximo Tribunal estimó que las autoridades municipales recurridas no incurrieron en acto ilegal o arbitrario alguno.
Por otra parte, se estimó necesario precisar que el pago de la pensión de montepío durante ese último período, resultó improcedente.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Salud del Senado.
La actuación del recurrido configuró la autotuleta, alterando con su actuar, en forma ilegal y arbitraria, una situación preexistente.
La Corte IDH valoró que Costa Rica dio cumplimiento a todas las reparaciones ordenadas en la Sentencia, dentro de los plazos otorgados en la misma.
