Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El ente contralor adujo que, conforme a su calidad de bien nacional de uso público, las playas en general están sujetas a un régimen especial de uso y protección que requiere de medidas que hagan efectivo dicho uso público, lo que involucra tanto al MBN como a diversos entes del Estado, los que deben garantizar que su acceso sea fluido y libre.

La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Letelier y Pozo, quienes estuvieron por declarar admisible el requerimiento deducido, al no concurrir ninguna de las causales de inadmisibilidad del artículo 84 de la LOCTC.

La decisión no vulneró el principio de confianza legítima.

La sentenciadora rebajó la multa aplicada a la reclamante en virtud del principio de proporcionalidad.

La actual situación genera incerteza jurídica y repercute en las remuneraciones de los trabajadores.

El Servicio Electoral a dispuesto una plataforma que permite a los electores conocer todos los candidatos para las próximas elecciones 2021. En particular, Mediante un acceso directo desde el sitio web de Servel o de forma directa en consulta-candidato.servel.cl/ los electores podrán conocer los listados de candidatos por los que podrán votar en cada elección […]

El proyecto inmobiliario consiste en la venta de 269 parcelas, con un “club house”, laguna artificial, más la habilitación de servicios y caminos. Lo anterior, emplazado en la zona que deslinda con el río Trancura y los “Saltos de Marimán”, atractivo natural y turístico del sector.

El máximo Tribunal desestimó el arbitrio especial, tras constatar que la sentencia de contraste acompañada por la recurrente se refiere a una materia diversa a la que se pretende unificar.

El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la resolución atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió parcialmente la demanda y ordenó a la empresa concesionaria el pago de la suma total de $3.915.000.