El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario e ilegal del banco recurrido y le ordenó restituir a la afectada la suma de $1.230.000.
El primera los demandantes fue detenido tras una investigación por presunto delito de quiebra societaria penal. Y el segundo fue puesto bajo custodia policial por un presunto delito de apropiación indebida de activos societarios.
La gestión pendiente incide en autos sobre terminación de contrato de arrendamiento, seguidos ante el 16° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y el derecho a presentar peticiones ante la autoridad.
Se estimó que no se cuenta con ningún antecedente para concluir que el acto administrativo que decretó la expulsión del país del amparado pueda ser calificado por esta Corte de ilegal.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de integridad física y psíquica, debido proceso, la protección a la vida privada, la inviolabilidad del hogar y el derecho de propiedad.
Se estimó que la autoridad cuestionada no ha hecho más que acatar la preceptiva establecida en Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
Se han mencionado hechos que eventualmente pueden constituir la vulneración de garantías de las indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política.
Se estimó que en la presentación efectuada en estos autos, no aparece que se hayan mencionado hechos que eventualmente puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
