La libertad de expresión, que es uno de los principales fundamentos de una sociedad democrática y una de las condiciones más importantes para su progreso y el desarrollo individual, no se aplica solamente a las informaciones o ideas que se reciben favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofenden, hieren o molestan, pues así lo exigen el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin los cuales no hay sociedad democrática.

El Tribunal de alzada ratificó la resolución de primera instancia, dictada por el 18° Juzgado Civil de Santiago, que rechazó la acción indemnizatoria.

Luego de varias sesiones, los congresistas acordaron aspectos relacionados con la publicidad de estos productos tanto en los medios de comunicación como en eventos deportivos.

La Sala del Senado solicitó al Ejecutivo que se asegure un adecuado paso y que se garanticen las condiciones laborales y de salida de quienes, eventualmente, no sean traspasados. Coordinadora Nacional de Funcionarios acusa «graves deficiencias».

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión observa que las críticas esgrimidas por el profesor y columnista Conrado Hübner Mendes que motivaron la demanda penal están dirigidas a una autoridad pública y a decisiones inherentes a su cargo, y por ende sujetas a la controversia y al escrutinio público por los principios que rigen a una sociedad democrática.

La Segunda Sala del Tribunal de alzada revocó, parcialmente, el fallo recurrido, dictado el 28 de enero pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol que, en lo apelado, sustituyó el cumplimiento de las penas por la libertad vigilada intensiva del condenado.

La Sala de Turno del tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada el pasado 24 de mayo por el Juzgado de Garantía de Collipulli, que decretó su ingreso en prisión preventiva, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas.

Las tres primeras instituciones notificadas este miércoles del inicio de estos procesos disciplinarios son las subsecretarías de Interior, Salud Pública y Redes Asistenciales. El proceso se fundamenta también en casos en los que las entidades no presentaron descargos ante el Consejo para la Transparencia en el marco de amparos ante dicho organismo.

Las normas objetadas facultan al Ministerio Público a no perseverar en un proceso penal.

Denunció que fue desvinculada por ser madre de un mutilado ocular de las protestas sociales de 2019.