Anticonceptivos a bajo costo, cirugías de incontinencia urinaria para mujeres y el proyecto de ley sobre el derecho a una vida libre de violencia, son parte de las medidas anunciadas.
Desde el comienzo del litigio, Samsung advirtió que las reclamaciones de los demandantes podrían ser arbitrables, ya que cada demandante necesariamente había aceptado los Términos y condiciones para utilizar los servicios habilitados para Internet de sus Smart TV. No obstante, las acciones de Samsung durante el litigio judicial demuestran una renuncia a su supuesto derecho al arbitraje.
Dado que modifica el DL N°2465 que creó el SENAME y su Reglamento, por lo que excedió sus atribuciones. Además, solo la ley puede crear un servicio público, y la potestad reglamentaria del presidente es la idónea para ejecutar actos necesarios en dichos servicios
La víctima salió a trotar en un sector de Melipilla cuando fue atropellada por la camioneta conducida por el imputado, quien huyó del sitio del accidente sin prestar auxilio al peatón, que falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.
La requirente estima que la norma cuestionada atenta contra su derecho al recurso y produce otros efectos inconstitucionales.
La oferta de estacionamiento de vehículos es integrante del servicio prestado por los centros comerciales a sus clientes, de manera que estos últimos son plenamente responsables de la adopción de las medidas de seguridad necesarias para sus clientes respecto de todos los servicios que ofrece.
El edil de Conchalí alegó que, con las decisiones adoptadas por el Directorio de la Corporación Municipal, se vulneraba su derecho de propiedad sobre el cargo, ya que se pasaban a llevar sus funciones de alcalde y director de dicha Corporación.
Se debe garantizar que el testimonio de personas que han sido vulneradas en sus condiciones de libertad se desarrolle en condiciones de libertad para asegurar la calidad de su testimonio, impidiendo que el juicio oral suponga un aumento de la victimización por quien ya sufrió la agresión.
El requirente estima que la norma impugnada transgrede el principio de presunción de inocencia y su garantía constitucional a un debido proceso.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 75 del Estatuto Docente.
