El CPLT había negado la aplicación de la Ley N° 20.285 a dicha corporación por tratarse de una institución de carácter privado, sin embargo, luego reconsideró tal decisión y declaró aplicable la ley, por cuanto la entidad desarrolla una función pública con fondos de igual naturaleza.

El juez excluyó el relato de un testigo de oídas que resultaba incriminatorio para el recurrente, por lo que dicho testimonio no afectó la convicción del tribunal ni los derechos fundamentales del imputado.

El recurrente quiso argumentar la presunta mala fe de los concurrentes a un remante esgrimiendo la existencia de un testamento que no fue incorporado oportunamente al proceso, hecho vedado en sede de nulidad sustancial.

La demora en resolver no resulta apta para habilitar la instancia extraordinaria. Aun cuando eventualmente resultara injustificado el tiempo transcurrido, permanece incólume el segundo argumento vinculado con la falta de acreditación de la imposibilidad de percibir el monto de sus honorarios como consecuencia de la enajenación de los bienes que iban a ser embargados.

La Corte resolvió revocar la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda por ese concepto, con miras a evitar un enriquecimiento indebido de las actoras.

En todo caso, la Corte advierte que las Municipalidades cuentan con la potestad para otorgar concesiones y permisos respecto de los bienes nacionales de uso público que administran, esto en virtud del artículo 36 de la Ley N° 18.695.

Si un funcionario grava sustancialmente un ejercicio religioso sin presentar evidencia de que la aplicación de la carga está al servicio de algún interés convincente, este ha violado la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Los recurrentes no tienen derecho a la inmunidad calificada porque de los hechos, en conjunto con el texto de la ley, se revela que la prohibición fue injustificada.

El máximo Tribunal descartó que exista dispersión jurisprudencial que requiera pronunciamiento unificador.

Decisión acordada con con el voto en contra de la magistrada Rivera Álvarez, “solo en cuanto estimó que con el mérito de las probanzas rendidas por el ente persecutor en relación a los hechos signados como N°1, son constitutivos del delito de abuso sexual calificado”.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que conformó la de primer grado que acogió, con costas, la acción.