La Corte reiteró el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia por razón del género; la aplicación del enfoque de género por parte de los operadores judiciales; la facultad oficiosa del juez de tutela para proferir fallos extra y ultra petita y, el principio iura novit curia.

Se genera una diferencia arbitraria y discriminatoria.

No existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ya que ha obrado en conformidad a las facultades que le otorga el Reglamento de Copropiedad.

La autoridad determinó que era procedente la aplicación del artículo 14 de la Ley N°20.128.

Lo que proscribe el tipo penal es el llamado discurso del odio, que plantea el siempre difícil problema de delimitar qué discursos son punibles y qué otros discursos, por más que sean inaceptables, no pueden ser objeto de sanción penal, bien por estar amparados por la libertad de expresión, bien por resultar desproporcionada la respuesta penal.

Contraviene el debido proceso, el derecho al recurso, dada la vaguedad e imprecisión en su redacción. No se define previamente lo que debemos entender jurídicamente con la frase “sentencia interlocutoria que ponga fin al juicio o haga imposible su continuación”.

El objeto de la pretensión es materia de indivisión y no de la partición en sí, por lo que es una cuestión accesoria que puede ser resuelta por la justicia ordinaria y no necesariamente por el juez partidor.

Se consultó a la autoridad cuáles procesos de un call center pueden realizarse conforme a dicho precepto.

Las resoluciones impugnadas no explicitan suficientemente los factores que se tuvieron en cuenta para modificar estos criterios, los que en su origen, tenían como finalidad favorecer a los armadores de la Isla Santa María.

Vedar el acceso a la libertad condicional sólo por la condición de reincidente no supera el test de racionalidad constitucional, cuando el interno ha transitado las anteriores etapas del tratamiento penitenciario con éxito.