La Sala de la Cámara de Diputados solicita que se establezca un programa de promoción y favorecimiento de la utilización de esta modalidad sanitaria.
La Sala de la Cámara de Diputados instó al Presidente de la República a que envíe un proyecto de ley que extinga las deudas de los usuarios acogidos a las leyes que regulan el corte de servicios básicos domiciliarios durante la pandemia.
La instancia ha dedicado una serie de sesiones a analizar las propuestas con diversos especialistas y profesores de derecho para lograr una redacción óptima de la normativa.
La iniciativa busca seguir la vía constitucional para asegurar la protección de la función constituyente, ofreciendo una salida institucional a la evidente necesidad de permitir a quienes han defraudado la fe pública e incurrido en irregularidades dar un paso al costado.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada el 24 de junio de 2021, que acogió la demanda por vulneración de derechos respecto de daño a la integridad psíquica y la honra de las afectadas.
La medida cautelar tendrá vigencia hasta que esta judicatura especializada dicte sentencia en la reclamación presentada por la Corporación Pro-Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar y la Fundación Jorge Yarur Bascuñán en contra de la resolución en que la Superintendencia del Medio Ambiente aprobó el programa de cumplimiento refundido presentado por Reconsa en el procedimiento administrativo sancionador llevado en su contra.
El máximo Tribunal consideró que se cumple con los requisitos para acceder a la acción contemplada en la Constitución Política de la República.
A modo de conclusión, el máximo Tribunal reitera que el proyecto no aborda una reforma integral que establezca un sistema de ejecución de penas en el país.
Se acreditó que las partes celebraron un contrato en virtud del cual se le encargó a la demandante la ejecución de una obra consistente en la reparación y habilitación de la carretera Ruta 5 Sur, sector de Retiro y Parral, la que fue ejecutada y cuyo valor se estimó en la suma de $ 337.285.056.
El máximo Tribunal consideró arbitraria la intervención hecha por la Viña Santa Carolina, ya que no existe autorización de la autoridad administrativa.
