Habiéndose alegado que el Director hizo los cambios de Jefatura basándose en un criterio medible en el logro de metas, la demandada no incorporó al juicio antecedentes relativos al logro de metas.
La gestión pendiente incide en un recurso de apelación de desafuero parlamentario de que conoce la Corte Suprema.
La decisión fue acordada con la disidencia del Juez Rosenkrantz, quien estuvo por declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional.
La demandada tampoco comprobó la concurrencia de las causales de justificación que esgrimió en su defensa.
Los requirentes estiman que los preceptos impugnados infringirían la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad, el derecho de propiedad y la libertad de realizar cualquier actividad económica.
La iniciativa contó con la aprobación unánime del Senado y ahora resta la promulgación de parte del Ejecutivo.
En los últimos años los productores de pisco han sufrido dolorosas derrotas en países tales como Colombia, Tailandia y recientemente en India.
El órgano contralor señala que no se aportaron elementos que permitan alterar el criterio impugnado, confirmando dictamen N° 70.620, de 2013 y N° 71.184, de 2014.
El despido del actor no ocurre al asumir la nueva administración pues trabajó un año más, además prestaba servicios e un área sobredotada de personal, no sólo despidiéndolo a él.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento ejecutivo, seguidos ante el 24° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago.
