El amparado registraba condenas en su país de origen por delitos que la ley chilena califica como crímenes.
Controversia constituye una verdadera contienda de competencia administrativa que debe ser zanjada por el Presidente de la República.
La empresa requirente estima que el precepto impugnado vulnera la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria del estado y sus organismos en materia económica.
El requirente estimó infringido el derecho de propiedad.
El recurrente consideró vulnerados el debido proceso y el derecho de propiedad.
No consta que los antecedentes que permitieran acreditar o no que las acciones denunciadas como acoso laboral, fuesen las que efectivamente competía desarrollar al denunciante.
El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el artículo 93 inciso decimoprimero de la Constitución Política.
Se trata de una facultad discrecional del General Director de la institución.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
