La recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad personal.
El amparado está cumpliendo tres condenas sucesivas por delitos de robo.
El fallo señala que logró demostrarse que para laborar debía posicionarse a la intemperie (pampa desértica) en un vehículo motorizado, lugar carente de cualquier reguardo respecto de las condiciones climáticas desoladas existentes en dicho lugar y sin acceso proveído por parte de su empleador a agua potable ni a servicios higiénicos.
La acción constitucional fue interpuesta debido a que, según señala el gremio, no tienen los implementos necesarios para realizar labores de atención a los pacientes con COVID-19.
Indica que en esta medida no se ha tomado en cuenta el interés superior de los niños y la voluntad de los padres, cuyos derechos en el cuidado, educación y formación de los hijos están sobre cualquier decisión de la autoridad.
En concreto, el alumno impugna el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de 5 de mayo 2020, de exámenes por vídeos que «se introducen 'manu militari' en los domicilios de los alumnos que suponen una injerencia en la privacidad del domicilio de los alumnos carente de base legal suficiente.
Por ello, está en el deber de instruir al hospital que adopte o, en su caso, refuerce las medidas necesarias para un cumplido resguardo de su salud que aminore el riesgo de contagio.
Según el abogado que interpuso la denuncia, el presidente exhibiría «síntomas de desequilibrio psiquiátrico», y su comportamiento sugeriría, «de manera robusta», la comisión del delito de propagación de enfermedades contagiosas.
Cabe señalar que en 2016 el Tribunal Constitucional dictó sentencia y declaró inaplicable el precepto legal en base al cual la SVS había sancionado a Guzmán Lyon con una multa de 550.000 UF.
Los recurrentes organizaban una protesta a realizarse en sus vehículos en contra la gestión del gobierno español ante el coronavirus.
