El máximo Tribunal otorgó un plazo de 90 días.
El máximo Tribunal estableció que existe correcta interpretación en la sentencia que acogió la acción y condenó solidariamente al Ministerio de Obras Públicas, como empresa mandante.
El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba contenida en la sentencia que confirmó las sanciones aplicadas a la empresa Club Hípico de Santiago SA.
El Tribunal de alzada acogió la acción constitucional, tras establecer actuar ilegal y arbitrario de la casa de estudios.
Cuando la disposición legal objetada introduce la prohibición de instar por la anulación formal de una sentencia definitiva, desconoce el deber de motivar las decisiones y recibir la causa a prueba, vulnerando la garantía de un procedimiento justo y racional y expone injustificadamente a la persona en indefensión.
La autoridad administrativa dotada de una supuesta función jurisdiccional no goza de imparcialidad ni de independencia.
Se observa que el proyecto que se denomina ‘indulto general’ no coincide con lo que la doctrina ha considerado históricamente como tal, sino más bien como lo que corresponde a una ley de amnistía, que en todo caso se trata de potestades cuya naturaleza se vincula a otros poderes del Estado.
Concurre la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral 3 del artículo 84 de la LOCTC, en atención a que la gestión ha concluido su tramitación ordinaria, no existiendo una gestión judicial en que pueda hacerse efectiva la eventual declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solicitada.
La estructura básica de la Constitución de Kenia solo puede ser modificada por medio del poder constituyente originario, en un proceso que debe incluir educación cívica, participación ciudadana, discusión en la Asamblea Constituyente y un referéndum.
El patrimonio de las requirentes se ve constantemente afectado, sin límite de tiempo e imposibilitada respecto de un freno efectivo a la situación, lo cual puede ser considerado como un enriquecimiento ilícito y sin causa.
