La recurrente estimó infringidos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el debido proceso y el respeto y protección de la honra de la persona.
El juez requirente estima que los preceptos impugnados vulnerarían los principios de supremacía constitucional y de juridicidad.
En la sentencia, se estableció el actuar arbitrario e ilegal de la empresa recurrida y le ordena cesar el acoso a que ha sometido a los recurrentes.
En el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción.
Tanto Gendarmería como Carabineros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, requeridos de informe, señalaron que se trata de una atribución de Gendarmería.
La gestión pendiente incide en autos sobre denuncia infraccional, seguidos ante el Segundo Juzgado de Policía Local de La Serena.
Los recurrentes estimaron haberse vulnerado la igualdad ante la ley.
Las víctimas fueron detenidas en diversas fechas, entre 1974 y 1976, y lugares de la Región Metropolitana.
En tercer trámite legislativo será visto en la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que modifica la Ley 20.032.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Rosenkrantz, quien estuvo por revocar la sentencia apelada.
