Corte de Rancagua indicó que no existe certeza absoluta de que los hechos ocurriesen como los denuncian los recurrentes.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 numerales 1, 2, 4 y 9 de la Constitución.
La Magistratura colombiana se preguntó «¿Si hubieran existido, de manera temprana, mecanismos efectivos de registro y seguimiento de niños en situación de discapacidad, hubiera ocurrido lo que se constató en este caso? La respuesta, con una alta probabilidad, es que la menor, en la actualidad de 13 años de edad, no se encontraría en la imposibilidad absoluta y actual de comunicarse».
El objetivo principal del proyecto ingresado es paliar los efectos del cambio climático y la mega sequía en el país y el medio ambiente.
Proveedores de servicios electrónicos se ven obligados por la ley a conservar los datos de sus abonados y a permitir a las autoridades públicas que accedan a ellos, al margen de que esas obligaciones se impongan por razones de seguridad nacional.
Recurrentes estimaron vulnerada su libertad personal.
Corte de Temuco señaló que no cabe aplicar el criterio de la protección de la confianza legítima en este caso.
El ente contralor indicó que no es posible deducir que existe una manifestación de voluntad por parte del funcionario al que se le efectúa la deducción de sus remuneraciones por no oponerse a ello, que permita de manera inequívoca desprender su conformidad con este tipo de descuento.
El ente contralor indicó que diploma de Técnico Universitario en Construcción otorgado por Universidad Técnica Federico Santa María, por el que se consulta, tiene la calidad de profesional y, por ende, es útil para percibir la asignación en comento.
La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y señaló que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios.
