El autor sostiene que Bolivia da cuenta de la ausencia de bases jurisprudenciales y doctrinales sobre las que pueda edificarse una suficiente tutela colectiva y en muchas ocasiones la tutela en general.
El dictamen señala que de la lectura de la resolución que determinó no prorrogar la contrata no es posible conocer suficientemente cuál fue la motivación de la decisión.
La sentencia fue recurrida tanto por la demandada como por la demandante.
El máximo Tribunal trasandino hizo suyos los argumentos esgrimidos por la Procuradora Fiscal.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El ministro Arancibia condenó a los ex marinos Bertalino Segundo Castillo Soto, Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, Ricardo Alejandro Riesco Cornejo y Jaime Segundo Lazo Pérez a penas de 6 años de presidio.
El Tribunal de alzada hizo lugar a la solicitud del recurrente y dictó orden de no innovar, permitiendo la reapertura del acopio de cenizas a la espera que se resuelva el fondo del recurso.
El Tribunal acogió la demanda presentada en contra de Pablo Alcalde Saavedra, María Isabel Farah Silva, Julián Moreno de Pablo, Nicolás Ramírez Cardoen y Pablo Fuenzalida May.
La instancia recibió a subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
La petición sugiere iniciar un proceso de análisis, discusión y consulta de la Carta Ambiental Interamericana y la Proclama de la Constitución de los Derechos de la Madre Tierra o Planeta Tierra, propuestos por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, los actores de la sociedad civil y los pueblos indígenas.
