La actora alegó que el decreto que reduce el plazo de su contratación atenta contra los 9 años que ha desempeñado su cargo, en base a los cuales generó la confianza legítima de que esta situación se mantendría en el futuro.
La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que la aplicación del precepto conlleva a una diferencia arbitraria, injusta e irracional, entre la situación del ejecutado en sede civil y el ejecutado en el juicio ejecutivo laboral.
La acción se interpuso por un sindicato en contra de ocho empresas.
Los fallos de contraste resuelven sobre la base de circunstancias fácticas diversas a aquéllas establecidas en la resolución impugnada.
El personal se ha visto sometido a una alta actividad, turnos de atención de muchas horas, difíciles condiciones laborales y contagios por Covid-19.
El fallo modifica el criterio generalmente sostenido por el máximo Tribunal.
La gestión pendiente incide en un procedimiento de cobranza laboral y previsional seguidos ante el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Concepción.
Los organismos denominado fiscales no pertenecen, sino que representan al Fisco.
El fallo estimó que al haberse extendido el procedimiento por más de seis meses y estando paralizado por un término largamente superior, corresponde declarar la imposibilidad material de continuar dicho proceso.
Los preceptos impugnados amplían el objeto del acceso a la información vía Ley de Transparencia.
