La decisión fue acordada con la prevención del Ministro Sergio Muñoz.
Se estableció que no se encontró de manera alguna acreditado que el hecho invocado en el recurso constituyó un acto arbitrario o ilegal.
Corolario de lo expuesto no existe una vulneración del principio de inocencia, sino que es un ejercicio válido del derecho de defensa.
El ente fiscalizador concluyó que no se divisan antecedentes ni elementos de juicio que den cuenta de incumplimientos en el ejercicio de las competencias de la SISS a dicho respecto.
El máximo Tribunal estimó que la autoridad recurrida se encontraba legalmente facultada para no renovar los servicios a contrata de la parte recurrente.
La gestión pendiente incide en autos sobre demanda de tutela laboral deducida contra la requirente, que fue acogida por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La Corte de Santiago estimó que la recurrida incurrió en un comportamiento ilegal y arbitrario.
Las gestiones pendientes inciden en autos de apelación de incidente, de que conoce la Corte de Copiapó.
Se condenó a la Administración de Justicia a abonar una indemnización de 3.000 euros a un hombre que estuvo 351 días en prisión provisional.
La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de unificación de jurisprudencia de que conoce la Corte Suprema.
