Todas las alegaciones apuntaron a desvirtuar la eventual infracción de una norma distinta de la que motivó la sanción aplicada.
Algo sustancial parece haber cambiado en el marco jurídico de la integración durante este periodo.
No es una materia que corresponda ser resuelta por medio de la presente acción cautelar.
De este modo, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Arica.
La gestión pendiente incide en un reclamo de ilegalidad municipal, de que conoce la Corte de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
Se afectó la libertad de trabajo del recurrente garantizada en el numeral 16º del texto político.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.
El fallo fue acordado con los votos en contra de los Ministros Sandoval y Prado.
La CIDH ha expresado reiteradamente su preocupación por la situación de violencia que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos y los líderes sociales en Colombia.
La gestión pendiente incide en un reclamo de ilegalidad, de que conoce la Corte de Santiago.
