La Corte de Apelaciones de Copiapó indicó que, el procedimiento en que se sancionó a la parte recurrente, fue del todo irregular y contrario a derecho.
El Tribunal de alzada no hizo lugar al reclamo, tras descartar ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Tribunal de Contratación Pública.
La Corte de Valparaíso señaló que, el banco es quien, en principio, debe soportar la pérdida que se produjo como consecuencia de un fraude.
El Tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento por el término de dos años, bajo las condiciones de fijar domicilio e informar al Ministerio Público cualquier cambio del mismo; además del pago de 1.500 dólares a beneficio de la Municipalidad de Huara y la prohibición de acercarse al Gigante de Tarapacá.
El Tribunal hizo lugar a la casación en el fondo deducida por el solicitante, anuló lo resuelto por el Tribunal de Propiedad Industrial y dictó, sin nueva vista, sentencia de reemplazo.
El máximo Tribunal consideró que se vulneró la integridad física y psíquica de la recurrente por las acciones de cobro.
El máximo Tribunal acogió parcialmente el recurso y ordenó la entrega sólo de información estadística innominda del penal, pero no los antecedentes personales de los internos.
El Tribunal acogió la denuncia formulada, tras establecer que la empresa vulneró los derechos de la trabajadora al cambiar el sistema de turnos previamente acordado y que le permitía compatibilizar trabajo con estudios.
Corte de Iquique señaló que existe un fuerte arraigo social de la amparada que torna la actuación administrativa arbitraria y desproporcionada.
Recurrente estimó vulnerado su derecho de propiedad y su libertad de trabajo.
