La instancia despachó a su par de Gobierno Interior la moción que establece para las próximas cuatro elecciones una cuota tope de 60% de candidaturas del mismo género para los cargos de elección de autoridades comunales y regionales.
Se aplica residualmente a cualquiera accidente o enfermedad grave que requiera cuidado permanente.
La Comisión señala que el caso se relaciona con una serie de violaciones de derechos humanos derivadas del secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth Bedoya Lima por motivos vinculados a su profesión y la falta de adopción de medidas adecuadas y oportunas por parte del Estado para protegerla y prevenir la ocurrencia de dichos hechos.
Entre los objetivos fundamentales se cuenta el fortalecer el control civil y democrático en la obtención, ejecución e información de los gastos reservados, preservando la naturaleza, objetivos y orientación de los mismos en el desarrollo de las funciones públicas.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Obras públicas, transportes y telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en autos seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de unificación de jurisprudencia
El máximo Tribunal señaló que, encontrándose expresamente reconocido por el recurrente que tomó conocimiento del descuento objeto del reproche en el mes de julio del año 2016, fluye que se ha superado con creces el plazo de 30 días establecido en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección para dicho efecto.
La gestión pendiente incide en autos ejecutivos, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras de San Fernando, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de apelación.
La recurrente estimó vulneradas sus garantías constitucionales a la igualdad ante la ley, a desarrollar actividades económicas y a la propiedad.
En su oportunidad, la Corte de Valparaíso indicó que no puede advertirse una actuación ilegal del recurrido que importe una vulneración a la libertad personal o seguridad individual del amparado.
