El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el 2° Juzgado de Policía local de San Miguel, que acogió la demanda deducida, condenando a la empresa a pagar al cliente $349.000, por concepto de indemnización de perjuicios.
El Tribunal estableció la responsabilidad de agentes del Estado en la caída de la aeronave que provocó la muerte y lesiones a 21 vecinos que participaban en jornada recreativa en el recinto municipal.
El máximo Tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra la sentencia dictada por la Corte de Valparaíso, que condenó al recurrente por no aplicar el tratamiento recomendado en las guías clínicas para este tipo de casos.
El documento solicita el envío de un proyecto de ley que amplíe el plazo establecido en la Ley 20.742.
El Tribunal acogió la acción judicial, tras establecer que la demandante fue despedida después de presentar una denuncia ante la Inspección del Trabajo por el no pago de cotizaciones previsionales.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, pero con declaración que eleva a $100.000.000 la suma que, por concepto de daño moral, debe cancelar la demandada.
El Tribunal de alzada acogió la demanda presentada en contra de gerenta general por las pérdidas provocadas a la demandante.
El dictamen concluye que la Administración, al corregir el documento de que se trata, debe revisar la totalidad de sus disposiciones.
Corresponde ahora que la iniciativa -en primer trámite constitucional- sea analizada por la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados.
El fallo concluyó declarando inadmisible el requerimiento por ser manifiestamente infundado.
