El máximo Tribunal de Brasil explicó que las medidas incluyen la creación de barreras sanitarias, la retirada de personas no indígenas y la presentación de un plan de enfrentamiento.
Habiéndose acreditado, que la reclamada fue acusada por delitos que merecen pena aflictiva, se ha cumplido con el presupuesto exigido por la norma constitucional y, por ende, ésta se encuentra con su derecho a sufragio suspendido.
Los reclamantes insisten en que se encuentran frente a un proyecto que es susceptible de provocar impactos ambientales en sus etapas de desarrollo.
La acción no es la vía idónea para atender la pretensión de la actora.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro García, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, por cuanto el precepto impugnado no es decisivo para la resolución del asunto y carecer de fundamento plausible.
La baja dispuesta queda sujeta al resultado del sumario administrativo respectivo.
El Tribunal de alzada indicó que, la circunstancia de no haberse extendido el certificado del estado de emergencia no puede constituir un obstáculo para demostrar que esa condición efectivamente existió.
La Corte de Valdivia señaló que, no existió el exceso de atribuciones que le adjudicó el recurrente para investigar.
La Corte de Santiago indicó que, la recurrida, en su actuar, en relación con el recurrente, quebrantó la garantía del artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental.
El órgano contralor sostuvo que el título de médico otorgado al recurrente se encuentra inscrito en el registro que lleva el Ministerio de Relaciones Exteriores, al amparo de la convención sobre ejercicio de profesiones liberales suscrita entre las Repúblicas de Chile y Uruguay.
