El Tribunal acogió la acción de tutela laboral, tras establecer el despido discriminatorio de la demandante y ordenó al organismo público pagar una indemnización total de $30.305.264 a la trabajadora por las prestaciones laborales adeudadas y daño moral.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la recurrida.
En el primer fallo, la ministra Cifuentes condenó a los ex oficiales Héctor Fernando Osses Yáñez y Aquiles Bustamante Oliva a 3 años de presidio, en calidad de autores del delito de secuestro simple.
El Tribunal de alzada estableció que la resolución impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, se adoptó con infracción de ley al no considerar la ampliación de la demanda por cobro de prestaciones.
El Tribunal de alzada ordenó a Santa Beatriz a pagar $6.454.001 al demandante.
El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario del municipio al sancionar en tres ocasiones a la empresa, por infracciones al contrato suscrito entre las partes de «Arriendo de Sistemas Computacionales».
El grupo parlamentario, que tendrá un plazo de 90 días para dar cumplimiento a su mandato, tendrá su foco en los actos del Gobierno y, en particular, del Ministerio de Justicia en torno al deber del Ejecutivo de velar por la conducta ministerial de los jueces.
Entre los beneficios que se verificarían se mencionan menores tasas para más de tres mil productos y mejores condiciones para ampliar la llegada de bienes y servicios entre los once países participantes del tratado.
También la Comisión avanzó en la revisión de las indicaciones a la ley nacional de Cáncer, las que se someterán a votación la próxima semana.
Destacan la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio de la cual se confirmó que las personas que han sido desplazadas internamente son víctimas de acuerdo con la Ley General de Víctimas y que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuenta con la facultad de reconocerlas como tal.
